Los inversionistas chilenos no quedaron indiferentes cuando irrumpió en el debate tributario el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITT), un diseño que busca recaudar ingentes sumas de dinero con el flujo de los intercambios bursátiles.

Bautizado también como Tasa Tobin -en referencia a su creador, el economista estadounidense James Tobin-, y apodado "impuesto Robin Hood", el tributo es defendido por sus adherentes como una alternativa de alta recaudación y progresividad.

La propuesta aterrizó en Chile a fines de septiembre, cuando ocho diputados oficialistas presentaron una indicación al proyecto de reforma tributaria que está impulsando el gobierno, solicitando su patrocinio.

El texto de la propuesta explica que el ITT es un tributo de naturaleza indirecta que grava con un 0,6% la compra y venta de valores y derivados, y que deberán pagarlo la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile, corredoras de bolsa y agentes de valores o cualquier otro intermediario autorizado, así como los bancos o sociedades de inversión que realicen adquisición de valores.

Los autores de la indicación sostienen que se trata de un tributo sencillo y de fácil implementación, con un diseño que evita distorsiones al funcionamiento eficiente del mercado. Estiman que en el caso chileno, una tasa de 0,5% conllevaría una recaudación de US$ 4.000 millones anuales.

“La propuesta la estamos analizando. Por supuesto, no queremos adelantar juicios”, declaró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado por la respuesta del gobierno a la petición de los diputados.

Traspaso de costos

Según el economista y académico, Andrés Palma (DC), los beneficios del impuesto se sobreponen a los efectos negativos que resultan inevitables en cualquier tributo. También destacó que la Tasa Tobin se aplica en varios países con PIB elevado y mercados financieros altamente desarrollados.

"Sin duda es un impuesto que puede recaudar mucho y que genera pocas distorsiones en los mercados. Además es claramente progresivo, ya que quienes más operaciones financieras realizan son los que poseen un mayor patrimonio y tienen mayores ingresos corrientes", sostuvo Palma.

Pero el resto de las fuentes consultadas por DF MAS manifestaron posturas críticas respecto de la moción, apuntando a una distorsión del mercado de valores, traspaso de costos al bolsillo del chileno promedio y una potencial pérdida de competitividad de la bolsa local.

"Sin duda es válido sumar a la discusión un posible instrumento de recaudación adicional o que reemplace otras alternativas, pero creo que hay que ser precavidos en llamar a un impuesto 'Robin Hood'. Ese nombre implica que solo las personas que se consideren 'ricas' pagarían el impuesto, pero podría afectar a los fondos de pensiones y a los fondos mutuos, donde muchos chilenos tienen sus ahorros", dijo la socia de tax & legal internacional de KPMG en Chile, Javiera Suazo.

Suazo afirmó que esto implicaría necesariamente un encarecimiento de las transacciones y un menor volumen de las mismas,y también reparó en que, si bien se podría intentar cambiar la configuración del impuesto para que no afecte a los pequeños inversionistas, esto acarrearía una complejización del sistema.

El académico de la Universidad de Los Andes, Juan Nagel, se mostró igualmente crítico. "¿Quienes pagan este impuesto? Las grandes corporaciones, por supuesto, que trasladarán una parte a los consumidores, quienes terminarán pagando también. Las AFP también pagarán este impuesto, lo cual redundará en menores saldos en las cuentas de los contribuyentes al sistema", dijo el economista.

Nagel afirmó que pese a la alta recaudación, el tributo lleva a las personas a evadirlo con transacciones fuera del sistema financiero. Sin embargo, recalcó que "todo depende de los detalles de la propuesta".

Según Palma, es difícil que el impuesto se diluya de forma importante por el riesgo de operar con mercados financieros informales en volúmenes significativos. "Siempre alguien puede querer sacar una rentabilidad a costa de no pagar el impuesto y operar en un mercado informal, pero eso no ocurriría con los inversionistas institucionales ni con la gran mayoría de los ahorrantes", aseguró.

De acuerdo al economista, "los que efectivamente se verían perjudicados son las personas cuyo negocio es la la operación financiera o el movimiento de capitales para hacer una pasada, pero no distorsiona significativamente la operación del mercado de los ahorrantes y lo inversionistas".

Competencia y adaptación

Para Felipe Dalgalarrando, socio de Dalgalarrando y Cía, los efectos positivos del impuesto quedan sobrepasados por una menor actividad financiera, menores ingresos de flujos a la economía local y una pérdida en el atractivo de Chile frente a sus vecinos.

"Es muy relevante señalar que la Bolsa de Comercio de Santiago se encuentra en un proceso de integración con la Bolsa de Valores de Lima y con la Bolsa de Colombia, países en los cuales no existe este impuesto sobre la compra de valores", recordó el abogado especializado en finanzas.

"De esta manera, la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras en Chile constituirá una dificultad para concretar la integración de las bolsas, dado que será más barato comprar acciones peruanas o colombianas que acciones chilenas, lo que presupone una desventaja natural para nuestra plaza", sostuvo.

También indicó que a los actores más pequeños del mercado les resultará más difícil competir con los más grandes, ya que estos últimos sí cuentan con las economías de escala para pagar el impuesto.

"Este tipo de impuestos genera efectos para aquellos agentes económicos que no tienen la posibilidad de moverse hacia mercados más eficientes, ya sea porque manejan un pequeño capital y les saldría muy caro cambiarse de mercado, o porque simplemente no tiene las condiciones técnicas para evaluar ese tipo de acciones", coincidió el economista y socio de PKF, Héctor Osorio.

Y en línea con lo señalado anteriormente, anticipó que "el efecto será que van a verse afectados los pequeños inversionistas, mientras que los inversionistas institucionales podrían ver afectada en el margen la rentabilidad que le ofrecen hacia sus aportantes".